Con la investigación que ayer se abrió en el caso de soborno a autoridades del gobierno, la Fiscalía busca que Jair de Lima cuente la verdad a cambio de ser desvinculado del proceso penal.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción abrió formalmente la investigación por la supuesta coima de US$ 500.000 que dicen que pagó Jair Antonio de Lima, dueño del Frigorífico Concepción, a los ministros Gustavo Leite (MIC) y Luis Gneiting (MAG). Los fiscales del caso son Nelson Ruiz y Yolanda Portillo, y la adjunta Alba Cantero.
Esto ocurrió al tenerse testimonios coincidentes de parte del empresario ganadero Carlos Trapani y del extitular del Senacsa Hugo Idoyaga (declaró ayer). Ahora, los fiscales definirán en qué carácter –indagatoria o testifical– convocarán a Jair, porque si bien sería autor del pago de un soborno, podría admitir el hecho por un “estado de necesidad justificante”, porque su negocio iba a pique si persistía el bloqueo a exportar por un caso de contrabando de carne.
Sin embargo, si Jair utiliza este argumento podría complicar a su propio abogado, Pedro Ovelar, quien según los testimonios reportó en una comunicación telefónica que ya pagó US$ 300.000 de los US$ 500.000 solicitados para “resolver el problema”.
La fiscala Cantero explicó en rueda de prensa que la apertura oficial de la investigación es “a fin de agotar todas las diligencias tendientes a confirmar o no el hecho, que para nosotros sería presumiblemente cohecho”.
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