Los fiscales Santiago González Bibolini y Liliana Zayas urgieron unas doce veces a la Sala Penal de la Corte para que destraben sendos procesos contra torturadores de la dictadura stronista. Hasta ahora, las causas no avanzan siquiera para la audiencia de imposición de medidas y datan del año pasado.
Los agentes fiscales urgen periódicamente a la Corte Suprema los procesos contra torturadores, pero la máxima instancia cajonea los expedientes. En aproximadamente un año, los agentes presentaron una docena de escritos.
El caso que lleva el fiscal Santiago González Bibolini es contra el excomisario Eusebio Torres Romero, quien fue imputado por torturas por los apremios físicos que sufrieron tres presos políticos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, entre los años 1975 y 1976.
Resultaron víctimas Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Dejesús Aguilera de Casco, detenidos de manera ilegal.
El agente no pudo inclusive solicitar la prisión preventiva porque el código beneficia a Torres por su avanzada edad (80 años). Sin embargo, los hechos, al ser de lesa humanidad, son imprescriptibles.
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