La Fiscalía General del Estado conformó un equipo y asignó a los fiscales Josefina Aghemo y Diego Arzamendia, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, para investigar la supuesta sobrefacturación que fue denunciada y en la que señalan al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, como el responsable, por la compra de las llamadas “comisarías móviles”.
La denuncia de supuesta lesión de confianza fue realizada ante el Ministerio Público el lunes pasado por las abogadas María Esther Roa Correa y Aidé Vera, en representación de la Coordinadora de Abogados del Paraguay,
Las comisarías rodantes, así como el mobiliario y todo el equipamiento habrían sido inflados de manera grosera, indica la denuncia.
Según el escrito presentado ante la Fiscalía, cada comisaría móvil fue adquirida en G. 493 millones, con un presunto sobrecosto que orilla las 16 veces. En esta ocasión, el Ministerio de Interior compró 3 comisarías rodantes.
El costo total de estas comisarías es de G. 1.479 millones. Las mismas fueron adquiridas mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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