La fiscala general, Sandra Quiñónez –que prometió transparencia desde antes de asumir al cargo–, se ampara en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte para proteger la gestión del 2017 de su antecesor, Javier Díaz Verón, cuya escandalosa fortuna es objeto de investigación.
Sandra Quiñónez comunicó a la Contraloría General de la República que el 18 de abril pasado la Sala Constitucional de la Corte Suprema otorgó competencia al Tribunal de Cuentas para juzgar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
Con esto también informa la desafectación de la auditora Andrea Rodríguez, designada para el análisis de la gestión de su antecesor.
De esta forma el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón logra blindar su último año de gestión.
El mismo ya consiguió que el Tribunal de Cuentas apruebe sus rendiciones hasta el 2016. Nunca la Contraloría General pudo auditar su gestión, porque año tras año lograba una acción de inconstitucionalidad que declara la inaplicabilidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 2448/2003, que le quitaba competencia a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas para juzgar rendiciones.
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