La fiscala Lisa Martínez hace una interpretación distorsionada del Código Penal para blanquear la contaminación del río Paraguay con miles de litros de combustible. La agente del Ministerio Público no tuvo en cuenta que el derrame se produjo en una planta industrial, lo que el Código Penal sanciona hasta con diez años de cárcel. La funcionaria solo pidió que los que asumen la responsabilidad donen G. 15 millones para evadir el proceso.
El derrame de combustible dentro de las instalaciones de la planta industrial de la empresa Copetrol SA, que se registró el 26 de agosto de 2015 y que ha contaminado un arroyo de la zona de la ciudad de San Antonio e incluso llegó hasta el río Paraguay, podría recibir una muy leve sanción si la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, hace lugar a la petición de la fiscala ambiental Lisa Martínez.
Con una donación de G. 15.000.000 la agente del Ministerio Público pretende “restablecer la paz social y cumplir con la obligación constitucional de recomponer e indemnizar”, en un hecho punible de importancia capital para la política de persecución penal ambiental del país, teniendo en cuenta que compromete uno de los recursos naturales más importantes y vitales para la supervivencia humana.
Nadie desconoce el alto poder de contaminación del petróleo y sus derivados; por ejemplo, según expertos con quienes habló nuestro diario, una gota es capaz de contaminar 25 litros de agua.
En el caso del derrame de combustible de la empresa Copetrol que llegó hasta el río Paraguay, se habla de miles de litros. La firma reconoció que fue aproximadamente 6.000 litros.
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