Fiscal designado en caso Petropar “cumplirá orden” - ADN Paraguayo

Fiscal designado en caso Petropar “cumplirá orden” - ADN Paraguayo

El fiscal de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien fue designado para investigar las denuncias de corrupción en Petropar, al parecer solo cumplirá orden, tal vez de arriba. Lo primero que hizo es pedir copias de los contratos, de los hechos en los que habría estado involucrado Eddie Jara Rojas, el administrador anterior. Y viendo esto, …

El fiscal de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien fue designado para investigar las denuncias de corrupción en Petropar, al parecer solo cumplirá orden, tal vez de arriba. Lo primero que hizo es pedir copias de los contratos, de los hechos en los que habría estado involucrado Eddie Jara Rojas, el administrador anterior. Y viendo esto, la denuncia sobre los indicios de robo durante la gestión de Patricia Samudio, seguirá “durmiendo”.

ASUNCIÓN. Cada vez se evidencia más el poder que tiene la presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio. A más de un mes de la denuncia presentada en su contra, por supuesta lesión de confianza, fue designado el fiscal para investigar el caso, pero todo indica que ya tiene un libreto a seguir.

El designado es Rodrigo Estigarribia, fiscal de Delitos Económicos, quien no tendría en su agenda a Patricia Samudio, sino que su investigación apunta solamente a la administración anterior, que fue liderada por Eddie Jara Rojas. El agente solicitó a Petropar copias de los contratos que aparecen en el escrito de denuncia, que fue presentado por el asesor legal de la Procuraduría General Ariel Salinas.

Los hechos habrían ocurrido durante la administración anterior, que era presidida por Eddie Jara Rojas. Según los datos, hubo provisión irregular de gas licuado de petróleo (GLP) a la firma Buenaventura SA, propiedad de Fernando Rafael Ramos, por el lapso de seis meses, lo que habría causado un daño de G. 1.500 millones y también provisión de diésel a la empresa Glencore International AG, ocasionando un presunto perjuicio de G. 1.383 millones.

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