Mientras el fiscal antidrogas Elvio Aguilera Vázquez celebra como un “logro” la condena a siete años de prisión impuesta a un joven microtraficante, su actuación en otros casos revela una preocupante disparidad en la aplicación de justicia: avaló la aplicación de un procedimiento abreviado irregular y la reducción de pena para un narcotraficante de alto […]
El ahora condenado, Luis Alberto Caballero, cuando se produjo su detención con las dosis de drogas.
Mientras el fiscal antidrogas Elvio Aguilera Vázquez celebra como un “logro” la condena a siete años de prisión impuesta a un joven microtraficante, su actuación en otros casos revela una preocupante disparidad en la aplicación de justicia: avaló la aplicación de un procedimiento abreviado irregular y la reducción de pena para un narcotraficante de alto perfil, en complicidad con un juez penal de garantías y el fiscal adjunto. El contraste evidencia un patrón de selectividad que, lejos de debilitar al narcotráfico, lo refuerza desde dentro de las instituciones.
El condenado en cuestión, Luis Alberto Caballero, de 25 años, fue aprehendido en posesión de cantidades reducidas de drogas: 68 dosis de cocaína (37 gramos), 16 gramos de marihuana picada, 3,05 gramos en forma de cigarrillo, otros 10 gramos de cocaína y una suma menor de dinero. Aunque los hechos configuran un hecho punible, el caso no guarda proporción con las organizaciones criminales que trafican grandes cantidades de estupefacientes, que lavan dinero a gran escala y penetran estructuras del Estado.
En un caso paralelo que evidencia un preocupante doble estándar, el narcotraficante Celso Darío Eladio Maldonado Florentín fue condenado a solo dos años de prisión —que ni siquiera cumple en reclusión— y al pago simbólico de 200 mil guaraníes como “reparación del daño”. La sentencia, dictada el 25 de abril pasado por el juez penal de garantías Carlos Vera Ruiz, contó con el aval del fiscal adjunto Jorge Sosa y del propio Aguilera, quienes validaron un procedimiento abreviado mal aplicado y una reducción de pena contemplada en el artículo 43 de la Ley 1340/88.
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