CAAZAPÁ. Denuncian a la fiscala Laury Vázquez por canjonear una demanda por violencia familiar y que la víctima sigue en peligro porque el caso está quedando impune. La fiscala negó la acusación, pero no quiere hablar del caso.
El poblador caazapeño Antonio Cáceres Colman, de 82 años de edad, denunció que fue víctima de violencia familiar perpetrado por sus primos hermanos, Celso y Elvio Colman, en abril pasado y la denuncia se encuentra estancada en el Ministerio Público, especificamente en la unidad fiscal a cargo de Laury Vázquez de Brizuela. Miestras, sus presuntos agresores siguen amenazándolos, afirma.
El poblador relató que el pasado 2 de abril fue víctima de la violencia familiar a cargo de sus propios primos hermanos quienes se molestaron con él por haber exigido la devolución de una suma millonaria de dinero (G. 40 millones) que había prestado a unos de los agresores, Elvio Colman. En vez de devolver el dinero fueron a agredirle con golpes en el rostro y otras partes del cuerpo y la casa no fue a mayores porque testigos del hecho intervinieron para defenderlo.
Pero lo grave del caso es que la fiscal del caso Laury Vázquez cajoneó la denuncia presentada por más de cinco meses y recién después de denunciar el hecho ante el fiscal adjunto Celso Sanabria, imputó a sus agresores, el pasado 3 de setiembre, pero llamativamente no pidió medidas cautelar contra los procesados. Es crimen la violencia familiar debe solicitar prisión para los imputados, señaló nuestro entrevistado.
Cáceres Colmán siguió diciendo que prácticamente la fiscala fue obligada a imputar porque recurrimos ante el fiscal adjunto de Villarrica, pero no pidió la prisión de los mismos, pese a que la violencia familiar es un crimen, volvió a indicar.
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