La fiscal Adjunta Matilde Moreno, interina de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, solicitó que el gobierno de Argentina corrija los defectos en la solicitud de extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, requeridos por enriquecimiento ilícito. Ambos están procesados en nuestro país por tentativa de contrabando de […]
La fiscal Adjunta Matilde Moreno, interina de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, solicitó que el gobierno de Argentina corrija los defectos en la solicitud de extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, requeridos por enriquecimiento ilícito. Ambos están procesados en nuestro país por tentativa de contrabando de dinero.
En su dictamen, la Adjunta expuso que por Nota MRP/AJURI N.º 436/2024, de fecha 17 de diciembre de 2024, la Embajada de la República Argentina, solicitó la extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, requeridos en el marco de la causa FSM N.º 18007/2024, caratulada: «Denunciado: Kueider, Edgardo s/ Enriquecimiento ilícito y otros», en trámite ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la juez Sandra Elizabeth Arroyo Salgado.
En los últimos párrafos de dicha nota, así como en la resolución judicial firmada en fecha 16 de diciembre de 2024, por la juez Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro de la ciudad de Buenos Aires, se lee que la solicitud en cuestión, se libra en el marco del Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República del Paraguay, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales...
“La precitada la Nota MRP/AJURI N.º 436/2024 contiene errores que son destacables en materia de exhortos” advirtió la Fiscal Adjunta, alegando que genera una confusión que el Estado requirente se encuentra legalmente obligado a aclarar.
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