Los jueces Nilda Giménez, Alba González y Víctor Medina falsearon y mutilaron datos para rechazar el comiso de la estancia de un condenado por el tráfico de 390 kilos de cocaína, según el escrito del fiscal Marcelo Pecci ante la Cámara de Apelación. Por su lado, los magistrados alegan negligencia del Ministerio Público. La Corte abrió una auditoría, en la que también se debe incluir a un primer tribunal que tampoco ordenó confiscar el inmueble.
Pecci afirma en su escrito, que es fácil demostrar la fundamentación contradictoria como vicio del tribunal. “Por un lado, los jueces de primera instancia reconocen que el Código Penal impone el comiso de los objetos con los cuales el hecho antijurídico doloso se realizó. En el entendimiento racional e integral del caso, asistido por la hermenéutica, ese objeto es la Finca N° 45. Sin embargo, el tribunal de mérito erráticamente lo niega como “objeto”, una vez más, sin dar a conocer el porqué. Pregonando una desviación argumental harto preocupante y fisurada, se dedica a evaluar la estancia...
“Ante esa realidad, es inevitable afirmar que sobre la negación del comiso predominan en el fallo cuestionado llamativas e incomprensibles consideraciones, que sobre la base de omisiones, visiones parcializadas, forzadas construcciones y falsedades, impone un veredicto técnicamente viciado y despreciativo a la debida imparcialidad en el rol decisor jurisdiccional”, disparó el fiscal.
Para Pecci, los jueces Nilda Giménez Bogarín, Alba María González Rolón y Víctor Manuel Medina “fueron jurídicamente complacientes con la legitimación de dinero originado en el narcotráfico. Lo hicieron con indisimulable parcialidad instrumentada en mutilaciones de pruebas y decididas distorsiones, que revelan la orfandad de cardinales criterios de justipreciación del acervo probatorio, y por ende, una negación de la sana crítica, como debido sistema de ponderación”.
La estancia cuyo comiso solicitó el fiscal está ubicada en Bella Vista Norte y pertenece a Nery Pinazo, condenado a 17 años de cárcel por su implicancia en el tráfico de 390 kilos de cocaína, que se registró en el 2011.
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