El fiscal antilavado Hernán Galeano recurrió a la Corte y acusó a una jueza y tres camaristas de Ciudad del Este de distorsionar la ley para ordenar la devolución a los familiares de un aduanero fallecido la suma de G. 1.160 millones, que sería producto de coimas. Los magistrados extinguieron la causa, que según el agente debe seguir ya que estamos ante la figura del comiso autónomo, que es el primer caso que se registra en nuestro país.
Galeano explicó en su escrito de casación que el Tribunal de Apelación, que confirmó la resolución de la jueza Alba Meza, aplicó en forma incorrecta el artículo 25 inciso 1º del Código Procesal Penal que dice: “La acción penal se extinguirá:... 1) por la muerte del imputado...”. Sin embargo, según el fiscal, el objeto de la causa es la aplicación del artículo 96 del Código Penal (comiso autónomo), que en su inciso 2° prescribe que “cuando no corresponda un procedimiento penal contra una persona determinada... el tribunal decidirá sobre la inutilización, el comiso, la privación de beneficios...
El agente del Ministerio Público señaló en su presentación ante la Sala Penal de la Corte que la incorrecta aplicación de la ley se dio debido a que la jueza y el Tribunal de Apelación consideraron que la investigación es sobre “la persona”, cuando en realidad es sobre “la cosa” (juicio in rem), según el artículo 96 inciso 2º del Código Penal, que tiene un procedimiento especial, según la Ley 4575/2012 “Que establece el procedimiento del comiso especial autónomo y la administración de bienes incautados y decomisados”. “Es por ello que el Ministerio Público considera inaplicable la extinción...
El fiscal enfatiza que extinguir la acción penal, como lo hicieron la jueza y los camaristas Aniceto Amarilla, Isidro González y Ramón Echeverría Rotela y ordenar la transferencia de los G. 1.160 millones al juicio sucesorio de Agustín Alegre Cano, frustraría un eventual comiso de la plata que el aduanero fallecido tenía en su vehículo cuando ocurrió el accidente en el que falleció, sería producto de la coima, según los elementos de sospechosas del Ministerio Público.
El camarista Amarilla, preopinante, dijo que “tras examinar en primer lugar la situación procesal de la causa, percibimos que evidentemente resulta indiscutible la extinción de la acción decretada por la jueza, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 25 inciso 1º del CPP, además fueron arrimados en autos instrumentales que no ameritan duda de su ilegalidad (del dinero).
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