ASUNCIÓN.- Los contribuyentes de la capital del país presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución 698/2018 de la Municipalidad capitalina, en la que contrata los servicios terciarizados del consorcio panameño “Tx”, para controlar y administrar el impuesto inmobiliario de toda la ciudadanía. …
ASUNCIÓN.- Los contribuyentes de la capital del país presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución 698/2018 de la Municipalidad capitalina, en la que contrata los servicios terciarizados del consorcio panameño “Tx”, para controlar y administrar el impuesto inmobiliario de toda la ciudadanía. El concejal municipal, Orlando Fiorotto, aseguró que el intendente Mario Ferreiro viola la Constitución, al otorgar este derecho. El edil dijo que esperan un fallo favorable de la máxima instancia judicial. La...
El legislador comunal explicó que “144.000 contribuyentes de Asunción estamos en manos de la sala Constitucional de la Corte. Tenemos mucha fe que los ministros de la Corte con su fallo estarán a favor de la ciudadanía. Con nuestra acción ante la Corte demostramos que el contrato de adjudicación a la empresa privada Tx Panamá, al entregar la base de datos de los Contribuyentes, viola el Art. 36 de la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad del Patrimonio Documental y otros artículos de la carta magna en su Art. 33 del derecho a la intimidad, el 169 y 170”.
Igualmente, destacó que Mario Ferreiro no tiene atribuciones de entregar el 22,75 por ciento de las recaudaciones al sector Privado, porque eso representa millones de dólares, dinero del contribuyente asunceno. “El municipio tiene más de 8.000 funcionarios que bien pueden ser utilizados para la actualización de las cartas catastrales”, afirmó Fiorotto.
Los denunciantes consideran que detrás de esto lo que están haciendo la comuna es migrar la base de datos y así “enajenar” el 25,75% de la recaudación municipal durante 10 años, acción que está prohibida por la Constitución Nacional.
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