La aparente consignación de datos falsos en un proceso de abuso sexual en niños, coacción y violación por parte de tres funcionarios judiciales de San Pedro, entre ellos Vicente Ferreira Rodríguez -designado “significativamente corrupto” por EE.UU y amigo del también sancionado Jorge Bogarín Alfonso-, habría beneficiado a un abusador condenado. Así lo evidencian los cuadernos de investigación -a los que accedió ABC- sobre la presunta producción de documentos no auténticos así como también el brutal caso en el cual fue víctima una menor.
Farsa judicial que involucró al amigo de Bogarín habría beneficiado a abusador
Los funcionarios del Poder Judicial de San Pedro Vicente Ferreira Rodríguez (sancionado por Estados Unidos junto a su amigo y ), Diego Rodrigo Ozuna Candia y Mónica Elizabeth Gaona González habían logrado su sobreseimiento en el proceso abierto por el Ministerio Público por la supuesta producción de documentos públicos de contenido falso. Estos habían sido denunciados en el año 2019 por la misma Fiscalía, por supuestamente falsear la entrega de documentación en un brutal caso de abuso sexual en niños, coacción y violación.
La carpeta de investigación fiscal sobre el abuso evidencia que la consignación de los datos aparentemente falsos en el acta de movimientos de expedientes judiciales, habría favorecido al ahora condenado abusador a obtener respuesta favorable a uno de sus pedidos en la apelación general presentada por sus abogados defensores. Ese recurso no pudo ser estudiado en un principio por la fiscal, entonces interina de San Pedro, Fany Aguilera, por la no remisión del expediente principal del caso.
Los defensores del ahora condenado abusador identificado con las iniciales DLF habían presentado el 4 de enero de 2019 una apelación general contra el AI (Acto Interlocutorio) N° 525 del Juzgado Penal de Garantías de San Pedro, del 28 de diciembre de 2018, sobre la revisión de medidas cautelares. En su escrito los abogados solicitaban la revocatoria de la prisión preventiva de DLF o bien su traslado de la Penitenciaría Regional de Villarrica a la cárcel de San Pedro.
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