La abogada Mercedes Soto, representante legal de Cristina Arce, abogó por una mejor formación del personal interviniente en los casos de violencia familiar.
Recordó que un año antes de ser auxiliada mediante la intervención de un sobrino, su representada pidió ayuda en la comisaría de Caraguatay, donde le hicieron participar en una suerte de acuerdo conciliatorio, totalmente irregular.
“En el 2014, ella hace una primera denuncia (asesorada por otra abogada) que no prosperó porque en la comisaría de Caraguatay le fabricaron un acuerdo que no existe en derecho, pero fue así. Entonces, ella no pudo desligarse, no pudo defenderse, no pudo protegerse y volvió a la casa, volvió a someterse, a ser maltratada. Lastimosamente ella contrata a un persona que tenía que asesorla a ella y sale en su contra, entonces ella se quedó más atrapada. No sé porque esa persona trató de mediar o está muy a favor del matrimonio aunque sea con violencia, pero está totalmente errada y le perjudicó...
La abogada explicó que recién en el año 2015, cuando ya fue más grave la violencia, su clienta fue asistida por un sobrino que le acompañó a hacer la denuncia en un juzgado de paz y solicitar la exclusión del hogar de su marido.
Soto dijo que pese a que la legislación obliga a intervenir inmediatamente, también hubo dilación en el Juzgado de paz, y hasta para lograr la efectiva exclusión del hogar, tuvo que recurrir a la Comandancia de la Policía Nacional, porque los policías de la zona no se animaban a intervenir porque el denunciado era violento y solía estar armado.
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