Una vez más, la podredumbre en el sistema judicial sale a la luz con un caso que evidencia cómo la impunidad puede comprarse con dinero. Es el caso del narcotraficante Celso Darío Eladio Maldonado Florentín, beneficiado con una irrisoria condena de dos años. Pero lo más grave no es solo la sentencia en sí, sino […]
Gloria Patricia Figueredo Ortigoza aparece a lado del juez Carlos Vera, cuando era practicante, durante una fiesta de cumpleaños, compartiendo con otros funcionarios del juzgado a cargo del magistrado Vera.
Una vez más, la podredumbre en el sistema judicial sale a la luz con un caso que evidencia cómo la impunidad puede comprarse con dinero. Es el caso del narcotraficante Celso Darío Eladio Maldonado Florentín, beneficiado con una irrisoria condena de dos años. Pero lo más grave no es solo la sentencia en sí, sino la operación que la hizo posible, orquestada presuntamente por una rosca judicial integrada por el juez Carlos Vera, el fiscal antidrogas Elvio Aguilera y el fiscal adjunto Jorge Sosa, jefe directo del primero. El dato más revelador y escandaloso del caso es que la defensa técnica...
La sentencia dictada en la causa nº 2121/2024 el pasado 25 de abril (S.D. Nº 6) no solo vulnera normas legales fundamentales, sino que delata una clara estrategia para disfrazar de legal una concesión judicial absolutamente irregular, presuntamente a cambio de una alta suma en dólares, según trascendidos provenientes de fuentes judiciales. El fallo, lejos de responder a los intereses de la justicia y la sociedad, parece más bien el resultado de una negociación espuria entre el juez Vera, los fiscales Aguilera y Sosa, y el entorno del narcotraficante.
Maldonado Florentín fue hallado en posesión de 17,4 kilogramos de cocaína, distribuidos en 15 paquetes dentro de su vivienda en Minga Guazú. Pese a tratarse de un hecho punible con penas de 5 a 15 años de prisión, fue condenado a solo 2 años, en virtud de un procedimiento abreviado y de la cuestionada aplicación del artículo 43 de la Ley 1340/88. Lo absurdo del fallo no termina allí: el juez Carlos Vera suspendió la ejecución de la pena, permitiendo que el narco quede en libertad y simplemente done una suma simbólica de G. 200 mil durante dos años a una institución benéfica.
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