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Los demás implicados en el caso son Juan Carlos Ávila y Carlos Miguel Lesme, de acuerdo a la imputación, esta tres personas habrían exigido el pago de US$ 50.000 para emitir una resolución a favor de la empresa Cal Agro SA en un litigio contra Industria Nacional del Cemento (INC).
Tras la denuncia realizada por los propietarios de la empresa, se montó una entrega vigilada, oportunidad en que cayó infraganti Rafael Luis María Doldán, intermediario del ministro de Corte en ese entonces, Miguel Óscar Bajac.
Los fiscales solicitan como medidas la comparecencia de los imputados ante un juzgado de manera mensual, la prohibición de salir del país y una caución real de G. 500 millones.
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