El fiscal Silvio Alegre brindó detalles en entrevista con PDS Radio sobre la continuación del juicio oral y público que enfrenta el exjuez de paz Francisco Goiburú junto a Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez, procesados por los hechos punibles de prevaricato, extorsión y apropiación. Durante la jornada, el Tribunal de Sentencia advirtió a […]
El fiscal Silvio Alegre brindó detalles en entrevista con PDS Radio sobre la continuación del juicio oral y público que enfrenta el exjuez de paz Francisco Goiburú junto a Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez, procesados por los hechos punibles de prevaricato, extorsión y apropiación. Durante la jornada, el Tribunal de Sentencia advirtió a las partes sobre la posible readecuación de las calificaciones legales, conforme al art. 400 del Código Procesal Penal (CPP).
Alegre explicó que en la audiencia se escucharon las declaraciones de cuatro testigos y que el tribunal realizó la advertencia para que los acusados preparen su defensa ante la posibilidad de que la conducta de los mismos se encuadre dentro del tipo penal de extorsión. “En el caso del magistrado acusado sería en carácter de autor mediato, mientras que los particulares Martínez Isasi y Benítez podrían ser considerados instigadores”, detalló el representante del Ministerio Público.
Según Alegre, esta advertencia no implica necesariamente una nueva acusación, pero sí la posibilidad de que, al finalizar el juicio, las conductas sean subsumidas en distintos tipos penales, dependiendo de las pruebas producidas. “El Ministerio Público tendrá en cuenta lo dispuesto por el tribunal para, en los alegatos finales, requerir las adecuaciones que correspondan, ya sea por prevaricato, apropiación o extorsión”, precisó.
El fiscal sostuvo que, contrariamente a lo manifestado por la defensa, existen suficientes elementos probatorios que sustentan la acusación. Explicó que, en noviembre del 2022, Julio César Martínez Isasi promovió una acción preparatoria de juicio ejecutivo ante el Juzgado de Paz de Ybycu’i, a cargo del entonces juez Goiburú, basada en documentos que carecían de fuerza legal. “Se presentó un simple recibo de dinero y una copia de un contrato privado de compraventa que no acreditaban deuda alguna. Aun así, el juez dio curso al trámite y decretó medidas cautelares”, relató.
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