Los ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial que no presenten su declaración de bienes no podrán ser sancionados por la Contraloría. Esto es gracias a que la Corte mantiene la suspensión de los efectos de varios artículos de la nueva ley, que regula el artículo 104 de la Constitución.
Mediante una criticada resolución del 9 de febrero pasado, la Sala Constitucional, integrada por los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro y Antonio Fretes, suspendió varios artículos de la Ley 5033 del 2013, que regula el artículo 104 de la Constitución, que se refiere a la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos.
Tras publicaciones y críticas de la ciudadanía, los ministros se vieron obligados a levantar la suspensión de los efectos del artículo 2º, que obliga a presentar la declaración jurada.
Sin embargo, se mantiene la suspensión de efectos, por ejemplo, del artículo 4º, que en su inciso 7 establece sanciones pecuniarias a los que no declaren sus bienes y también a las autoridades responsables, en este caso a los ministros de la Corte, si los funcionarios del Poder Judicial no cumplen con la disposición legal.
Igualmente, no rige para la Corte el artículo 16 de la referida ley, que dice que la multa que puede ser aplicada por el contralor general es de 300 jornales mínimos, cesantía (según el caso), inhabilitación para ocupar cargo público (incluidos los de elección popular) durante el término de diez años.
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