El 24 de abril último, Enrique García renunció al cargo de contralor general de la República. Adoptó tal medida ante su inminente destitución en un juicio político que se le estaba siguiendo por mal desempeño de funciones y por la presunta autoría de los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, cuando era director general de Asesoría Legal de la Municipalidad de Asunción. Es muy probable que esta vez no pueda eludir un juicio oral y público. Se recordará que un laudo arbitral, que había ordenado a la Municipalidad asuncena pagar más de 10.000 millones de guaraníes a la firma Ivesur, quedó firme porque García no lo impugnó ante la Justicia en tiempo y forma. Pese a las evidencias presentadas contra el citado, el intendente Mario Ferreiro sostuvo que no se había cometido negligencia alguna y que, de acuerdo a los documentos obrantes en la Municipalidad, el laudo arbitral había sido recurrido correctamente. Los ciudadanos y las ciudadanas deben repudiar con firmeza estos hechos que parecen verdaderos operativos para seguir metiendo la mano en sus bolsillos.
El 24 de abril último, Enrique García renunció al cargo de contralor general de la República. Adoptó tal medida ante su inminente destitución al cabo de un juicio político que se le estaba siguiendo por mal desempeño de sus funciones y por la presunta autoría de los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, cuando era director general de Asesoría Legal de la Municipalidad de Asunción. Con su renuncia evitó su remoción ignominiosa, no sin antes haber calificado la acusación de “basura” y consentido que su abogado Álvaro Arias mintiera...
Así surge que, con el fin de ocultar su gravísima “negligencia”, no se le habría ocurrido nada mejor que fraguar documentos, según los cuales habría presentado un “recurso de nulidad” el 6 de octubre de 2016, involucrando en la sucia maniobra a otros funcionarios municipales. Para peor, el supuesto recurso fue presentado en una Sala equivocada del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, cuyos sellos también habrían sido falsificados. Dicha Sala –la primera– confirmó el 2 de noviembre que no había recibido ninguna impugnación presentada por la Municipalidad asuncena. O sea que, según surge...
También resultó evidente a posteriori que jamás debió fungir de contralor general, cargo para el que fue elegido el 1 de noviembre de 2016, es decir, menos de un mes después de la presentación de su embustero “recurso de nulidad” y un día antes de que la citada Sala lo pusiera en evidencia. Antes de prestar juramento, tuvo el descaro de comprometerse a “recuperar la credibilidad y el proceso de consolidación institucional de un órgano que está desacreditado y azotado por la corrupción”. Los resultados están a la vista.
Con estos antecedentes, es probable que recurra a todas las chicanas habidas y por haber para impedir incluso la audiencia preliminar, cuya fecha debe ser fijada por la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, la misma que dispuso la vuelta a prisión del diputado Ulises Quintana (ANR, abdista), cuyo defensor es justamente el abogado Arias. Ocurre que el hecho punible por el que está acusado quien también llegó a ser procurador general de la República, bajo el Gobierno de Fernando Lugo, conlleva una pena de hasta cinco años de prisión o multa, que en los “casos especialmente graves” puede...
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