La oposición cuestiona el aval de la Contraloría General de la República (CGR) a la correspondencia de bienes del ex presidente Santiago Peña, las presuntas omisiones en la verificación de su patrimonio y las atribuciones que se arrogó el organismo en el proceso de intervención de la Municipalidad…
El examen de correspondencia de bienes del ex presidente y la actuación de la en el proceso de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este figuran entre los principales cuestionamientos que sustentan el pedido de juicio político contra el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres.
Los legisladores opositores cuestionan que la institución haya concluido que existía correspondencia entre los ingresos y el patrimonio de Peña pese a las denuncias sobre el crecimiento de sus bienes y otros elementos que, según sostienen, debían ser considerados durante el procedimiento.
La principal acusación apunta a que Benítez utilizó la institucionalidad de la Contraloría para dar un aval al patrimonio del entonces mandatario, sin despejar las dudas que ya habían sido planteadas públicamente.
La diputada Johanna Ortega sostuvo, en una entrevista con Radio Monumental 1080 AM, que el contralor terminó blanqueando el patrimonio de Peña mediante un informe que concluyó que todo estaba justificado documentalmente.
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