Con relación al caso de los exagentes de la SENAD Ángel Manuel Almada y Enrique Arrúa Galeano acusados por pasar información a un narcotraficante, que fueron sobreseídos por el Tribunal integrado por Elva Cáceres, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, ésta última explicó que la vigencia de la acordada n° 237 “que reglamenta […]
Con relación al caso de los exagentes de la SENAD Ángel Manuel Almada y Enrique Arrúa Galeano acusados por pasar información a un narcotraficante, que fueron sobreseídos por el Tribunal integrado por Elva Cáceres, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, ésta última explicó que la vigencia de la acordada n° 237 “que reglamenta la organización de la jurisdicción penal durante el feriado judicial…” del año 2001 no es el tema en cuestión, ya que, haya estado o no vigente, era de aplicación imposible para este caso en particular debido a que la Fiscalía había agotado los seis meses de...
“Vale decir que la Fiscalía quería ampliar a siete meses, el art. 324 establece el plazo máximo de seis meses y solo seis meses puede tener vigencia el periodo investigativo, salvo que se solicite una prórroga extraordinaria, que en este caso no ocurrió. Por más que exista esa acordada, no íbamos a poder aplicar, porque en este caso particular, era de aplicación imposible porque la Fiscalía tenía que presentar el 20 de enero su requerimiento conclusivo y lo hizo recién el 20 de febrero” agregó.
Durante el juicio los representantes convencionales de los encausados, solicitaron la nulidad de la acusación y el sobreseimiento definitivo de sus clientes, alegando que la acusación fue presentada el 20 de febrero del año 2019, cuando la fecha de acusación fijada era para el 20 de enero del mismo año, siendo así extemporánea. Es así que la Fiscal del caso, Elva Cáceres, se allanó al pedido de la defensa, admitiendo el error cometido por su persona y solicitó la exoneración en costas.
Leer la nota completa en PDS
