Parece que el gobierno de Horacio Cartes a toda costa se quiere retirar del poder a bordo de un tren. No irá lejos por supuesto. Valga la ironía para referirnos a la más que tardía decisión de la empresa estatal Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), a cargo del Ing. Roberto Salinas en estos cinco años, de llamar a “licitación” para buscar socios y encarar un proyecto de tren de cercanías. El aviso aparece hoy en estas mismas páginas de la sección de “Economía, Energía y Negocios” de nuestro diario.
Según el aviso publicado, Fepasa apunta a concretar un proyecto de “tren de cercanías para pasajeros entre Asunción y Ypacaraí”, que tendría unos 40 kilómetros por el antiguo trayecto, que en realidad llegaba a Encarnación, completando una distancia total de 370 kilómetros.
La convocatoria es para una precalificación de empresas interesadas en asociarse con el ferrocarril “en la construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y financiamiento del proyecto”. Por supuesto que hay que entender que la compañía que decida participar en esto debe poner todo lo que se expone en el llamado, porque además de la franja de dominio, cada vez más recortada, Fepasa no tiene un peso partido por la mitad para aportar en este plan.
¿Tiene sentido hacer una convocatoria de este tipo 25 días antes de que se vaya el actual gobierno y la actual administración de Fepasa? O es que Salinas cree que se va a quedar. Quizá, quién sabe, pues hasta ahora no se ha escuchado ciertamente de una comisión de transición para el ferrocarril. Es poco probable de todas maneras, a no ser que la administración de gobierno que se viene quiera seguir haciendo nada en materia de ferrocarril, más allá, por supuesto, de regalar espacios ferroviarios para avenidas, rutas y otros fines que nada tienen que ver con el tren.
O de inventarse normativas en contra, como la reciente Ley 6084/18 por la que se reduce a la mitad toda la franja de dominio del ferrocarril, sin decir siquiera a quien se le va a “regalar” lo que va a restarse del antiguo espacio histórico diseñado y “amojonado” por el presidente Carlos Antonio López alrededor del año 1860.
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