Exfuncionarios del Indert, dirigentes de una organización campesina y representantes de dos ONG, condenados en abril de 2022 a penas de entre 2 años y 10 años de cárcel por una supuesta “tragada” millonaria fueron sobreseídos porque la Cámara de Apelaciones decretó operada la prescripción de la causa penal. El daño patrimonial que sufrió el Estado es de G. 3.821.241.395.
El Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital admitió los recursos planteados por las defensas y decretó operada la prescripción de la causa N° 84/2014 caratulada “CÉSAR AGUSTÍN GONZÁLEZ PARINI Y OTROS S/LESIÓN DE CONFIANZA”, y, en consecuencia, sobreseyó definitivamente del caso a todos los procesados, entre ellos un exfuncionario del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra ().
Los beneficiados con la resolución del tribunal de alzada son César González Parini, exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), dependiente del Indert y los dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) Rafael Luis Aguayo Trinidad y Antonio Gayoso.
La absolución definitiva también beneficia a los representantes de la ONG Fundación Nación Guaraní, Armando Ignacio Báez y Ronald Guerrero Ovelar; los representantes de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa), María Esther Leiva y Luis Gilberto Ruiz; el exsupervisor del Indert Sergio Ortega Torres; la ex auxiliar administrativa de la institución Irma Piñánez Martínez; y la exdirectora de comercialización del Indert Eulalia Cardozo Cardozo.
En el juicio oral y público, que finalizó el 11 de abril de 2022, fueron condenados a penas de entre 2 años y 10 años de cárcel por una millonaria “tragada” en la ejecución de convenios con el Indert que debían ser de apoyo a la agricultura familiar en materia de seguridad alimentaria.
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