Según un experto de la Comisión Interamericana de DD HH, es el Estado el que debe velar por la seguridad de los periodistas, lejos de atacar o impedir su labor. La represión del #31M contra los trabajadores de prensa fueron repudiados enfáticamente.
En los últimos 16 años, 17 periodistas fueron asesinados en nuestro país, incluyendo nuestro compañero de labores Pablo Medina. Y es quizás su caso el que logró un mayor esclarecimiento, gracias a la insistencia a los organismos encargados de las investigaciones. El supuesto autor intelectual más los autores materiales, excepto uno, se encuentran presos.
En este sentido, el uruguayo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericada de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que la seguridad de los periodistas debe estar garantizada, en primer término por el Estado. “Hay que destacar el rol del periodista, condenar las agresiones enérgicamente cada vez que suceden (…) El estado tiene la obligación de protegerlo de forma reforzada por su rol”, señaló, considerando que estos trabajadores en muchos casos deben abordar temas que tocan intereses de grupos poderosos.
Dijo que la prevención debe ser prioridad. “Si tenemos gobiernos que se enfrentan a la prensa (en la región abundan presidentes y ministros que hablan de la prensa como deshonesta). Si un líder señala con el dedo a la prensa como la autora de todos los males, es un llamado a la agresión y a la violencia por parte de los seguidores”, consideró.
Por este motivo señaló que haciendo uso de las instituciones como la Policía y el Ministerio Público, el estado debe “investigar y sancionar y remover la fuente de ese riesgo. Es decir, si hay amenazas es el momento de investigar a fondo y sancionarlo porque esa es la forma de enviar un mensaje de que no va a quedar impune y que el periodismo es un profesión que tiene su protección judicial”.
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