QUITO. El estado de excepción decretado ayer por el presidente Guillermo Lasso, con el argumento de altos niveles de inseguridad interna, llega también en un momento de alta tensión e incertidumbre política en Ecuador.
Alimentada por el incremento gradual del precio de los combustibles y por el rechazo a las reformas propuestas por el Ejecutivo, la incertidumbre genera el temor de algunos grupos sociales y sindicales de que el decreto trate de limitar derechos de expresión política y manifestación.
O de desviar la atención del pulso político entre el Legislativo y el Ejecutivo por el bloqueo de algunas reformas, o incluso la investigación sobre la aparición de Lasso en los Papeles de Pandora.
El constitucionalista José Chalco y la consultora política Wendy Reyes, analizan para Efe las claves de la decisión y sus repercusiones legales, políticas y sociales.
Ecuador sufre este último año un considerable incremento de la delincuencia, con homicidios y asaltos que causan gran preocupación entre la población. Según la Policía, la tasa de muertes intencionales ha crecido de 5,81 por 100.000 habitantes en 2016, a 10,62 este 2021. Y en números absolutos, de 960 a 1.885 en lo que va de año, de los cuales 1.112 son catalogados como “violencia criminal”.
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