Los beneficiados fueron los españoles Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova, quienes fueron favorecidos con la resolución de la Sala Constitucional, que anuló la elevación a juicio oral del ex juez Hugo Sosa, el fallo del Tribunal de Apelación que lo ratificó y la acusación fiscal.
Sin embargo, pese al pedido similar realizado por la defensa del ex ministro Rafael Filizzola, la magistrada no lo admitió debido a que está pendiente de resolución una acción similar a la de los españoles en la Sala Constitucional de la Corte.
En su fallo, la magistrada hizo lugar a la extinción de la acción penal deducida por la defensa de los españoles. Además, también sobreseyó a los mismos, y ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares.
La jueza Ruiz Díaz, en su fallo, tuvo en cuenta la resolución de la Corte que anuló las resoluciones que elevaron la causa a juicio oral, y a la vez anuló la acusación del Ministerio Público por falta de indagatoria previa.
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