Londres, 29 mar, (EFE).- El Gobierno español ha alegado "inmunidad soberana" al pedir este miércoles al Tribunal Superior británico que anule el registro de un laudo arbitral que le obliga a pagar 120 millones de euros a un grupo de inversores que resultó perjudicado cuando redujo en 2013 unos incentivos de 2007 para el desarrollo de energías renovables.
España alega inmunidad soberana para eludir un laudo de 120 millones de euros
En representación de España, el abogado Tariq Baloch adujo ante el juez Peter Fraser de la sala comercial del Superior que esa orden de registro aprobada por la misma corte en junio de 2021 no es válida, dado que el Estado español "es inmune" a un procesamiento ante la Justicia inglesa.
El grupo Antin de inversores, que en 2011 financió la planta solar Andasol de Granada, sostiene por su parte que España renunció a su inmunidad estatal al firmar el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la carta de la energía (TCE) de 1994 -que regula las relaciones entre las partes contratantes en el sector energético-.
Fue precisamente el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial, el que en 2018 emitió el laudo que impone a España el pago de 101 millones de euros (120 millones con los intereses) a los fondos luxemburgués Infrastructure Services Luxembourg y neerlandés Energia Termosolar -antes Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar- por los daños sufridos a raíz de la revocación retroactiva en 2013 de esas primas a las renovables.
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