La administración del presidente Cartes deja como herencia la puesta en marcha del endeudamiento público que pasó del 14 al 25 por ciento del producto interno bruto (PIB). Mientras aumentaban los compromisos internacionales, se dejaron de lado las reformas que bien podrían haber colocado al país en estos cinco años por la misma senda de Chile que, con medidas de fondo en su economía, fue logrando su desarrollo constatado en menores índices de pobreza, más empleos, menos corrupción y mejores oportunidades para el capital y el trabajo.
Este importante endeudamiento llevado a cabo con el apoyo del Congreso, desde un comienzo se mostró con una debilidad oculta, convertida luego en amenaza. En el plan de contraer deudas se relegaron las reformas, las que implican hacer del Estado más fuerte y eficiente en las áreas de su incumbencia. La ausencia de reformas explica por qué el gobierno actual continúa con los vicios de los anteriores.
Y si bien los motivos del endeudamiento pueden ser compartidos por el atraso en infraestructura, alcantarillado, tratamiento de agua, puentes, rutas, distribución de electricidad, salud y educación, pues todo ello requiere de multimillonarias inversiones, no es menos cierto que solo una vigorosa economía privada es capaz de generar los ingresos al fisco para pagar finalmente la deuda.
Pero una economía pujante requiere de un sector público comprometido con la eficiencia, la desburocratización, el uso correcto y transparente de los recursos, precisamente lo que todavía no ha ocurrido porque las reformas siguen postergadas. Se conoce ciertamente en la teoría económica sobre el efecto multiplicador del gasto público por medio del endeudamiento; sin embargo, sin las reformas en el seno del mismo Estado, el país puede empezar a sentir el deterioro de su estabilidad macroeconómica, pues el dinero es el resultado del ahorro y la capitalización privada y no del intervencionismo...
La administración del presidente Cartes ha cuidado la estabilidad macroeconómica e insiste acertadamente con la ley de responsabilidad fiscal. Pero con un sector público que se muestra corrupto, ineficiente y crece anualmente sin freno alguno, aquellas barreras de contención pronto serán insuficientes. Las serias deficiencias, por ejemplo, en las proveedoras estatales de agua, electricidad, teléfonos y cemento se incrementan, pese al dinero destinado a las mismas.
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