La administración de Nanci Algarín, intendente del distrito de Mbaracayú, se enfrenta a un creciente mar de críticas por su gestión ineficaz y su actitud despectiva hacia los cuestionamientos ciudadanos. La reciente decisión de cerrar la puerta que conecta la Junta Municipal con la intendencia no solo simboliza un acto de prepotencia, sino que también […]
La administración de Nanci Algarín, intendente del distrito de Mbaracayú, se enfrenta a un creciente mar de críticas por su gestión ineficaz y su actitud despectiva hacia los cuestionamientos ciudadanos. La reciente decisión de cerrar la puerta que conecta la Junta Municipal con la intendencia no solo simboliza un acto de prepotencia, sino que también pone en evidencia una administración que se muestra indiferente a las necesidades y preocupaciones de su comunidad.
El concejal Wilberto Blanco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ha denunciado públicamente al programa Contrarreloj de Radio La Clave una serie de irregularidades que ilustran el mal manejo de recursos y la falta de transparencia en la gestión de Algarín. En primer lugar, el gasto de combustible bajo su administración ha generado inquietudes, especialmente cuando el presupuesto de G. 1.000 millones para solo dos vehículos y cinco maquinarias agrícolas no parece justificable. La respuesta de la intendenta a los pedidos de informes ha sido un rotundo silencio, evidenciado por el...
Este acto de censura es solo la punta del iceberg. Las denuncias de Blanco también apuntan a la falta de cumplimiento en las obras financiadas con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que presentan una calidad deplorable. La demora en la conclusión de proyectos esenciales, que debían terminarse entre agosto y diciembre de 2023, refleja una falta de compromiso y responsabilidad con las necesidades de la comunidad.
Además, la administración de Algarín ha mostrado una preocupante falta de coherencia en la contratación de combustible, privilegiando a emblemas privados en lugar de utilizar el contrato con Petropar, que ofrece precios más competitivos. Este desvío de recursos no solo es cuestionable desde el punto de vista financiero, sino que también socava la confianza en la gestión municipal.
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