El asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos puso la cuestión el racismo y la discriminación en el centro de una explosión social que trasciende fronteras. En Paraguay, estas actitudes las perciben y denuncian fuertemente los pueblos originarios, que las sienten en el día a día e incluso desde el Gobierno, a través de una educación que califican de “clasista, racista y discriminatoria” y un plan de “etnocidio silencioso” contra las más de 700 comunidades.
“No existimos para el Estado paraguayo. Yo siento que desde el Estado paraguayo hay una política de un etnocidio silencioso”, denunció Tina Alvarenga, integrante de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, sobre la situación de discriminación racista que sufren los indígenas en nuestro país, que no es solo personal, sino institucional, según afirma.
En un momento en que el mundo se ve sacudido por protestas contra el racismo y la discriminación, originadas por el asesinato de Floyd el 25 de mayo, en manos de la policía, en Paraguay muchos se preguntan como operan esos mecanismos a nivel local.
La dirigente indígena considera que a diferencia de otros momentos de la historia, donde el afán de erradicar a pueblos indígenas se hacía con armas, “hoy el etnocidio pasa por aislarnos, por invadirnos en forma silenciosa y no llegar con los servicios públicos necesarios”.
Fundamentó este argumento citando lo ocurrido durante la cuarentena estricta por el coronavirus y la asistencia estatal. “Ocho semanas después empezaron a llegar víveres de no más de 23 kilos, que tenían que durar otras 8 semanas a lo mejor o más, porque todavía no llegó la segunda entrega de kits, cuando que tenían que haber llegado con 30 a 40 kilos”, cuestionó.
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