ASUNCIÓN — María Esther Roa estaba furiosa. Una vez más, un poderoso legislador se había librado de ser sancionado por sus acciones ilegales.
No obstante, cuando se encontraba afuera del congreso en Asunción, a principios de agosto, Roa tramó un plan poco convencional para hacer rendir cuentas de alguna manera a los poderosos. Su plan involucraba ollas, sartenes, docenas de huevos y mucho papel higiénico, e inspiraría a una cruzada ciudadana contra la corrupción en esta pequeña nación sudamericana.
Mientras otros países latinoamericanos combatieron la corrupción de empresas y políticos poderosos durante los últimos años, a menudo como respuesta a la indignación popular, las débiles instituciones de Paraguay y el fallido sistema de justicia la han dejado languidecer.
Sin embargo, Roa —abogada penal— y un grupo de organizadores, en su mayoría mujeres, decidieron cambiar eso y convirtieron la humillación pública en una herramienta que consideran mucho más efectiva que las acusaciones penales.
Su primer objetivo: el legislador José María Ibáñez, que el 1 de agosto pasado sobrevivió a un juicio político para removerlo de su cargo a pesar de haber admitido que usó recursos públicos para pagar los salarios de tres empleados de su residencia en el campo, en el caso conocido como Caseros de Oro. La noche posterior a la votación, Roa y algunos conocidos se reunieron afuera del hogar de Ibáñez para exigir su renuncia.
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