Los graves incidentes ocurridos en la penitenciaría de Tacumbú muestran que las atestadas cárceles de nuestro país no sirven para proteger a la sociedad ni para readaptar a los reclusos: allí se encargan delitos por telefonía móvil, se aprenden nuevas técnicas delictivas y se reclutan “soldados” para el crimen organizado, cuyas facciones se disputan la primacía dentro de los muros, todo ello en medio del consumo de drogas. Este último motín es solo una señal más del colapso del sistema penitenciario. Se aguarda, pues, que el problema sea abordado por el nuevo Gobierno con la suficiente energía para acabar así con unas “zonas liberadas” por la delincuencia, pero solventadas por los contribuyentes.
En las narices del Gobierno, los criminales manejan las cárceles
En la noche del 28 de septiembre, el recluso Oliver Lezcano desapareció de la cárcel de Tacumbú, sin dejar rastros; días después, el ministro de Justicia, Ángel Barchini, sostuvo ante el presidente de la República, Santiago Peña, que el presunto asesino pudo haberse fugado o bien haber sido muerto en su lugar de reclusión, controlado en gran medida por el poderoso “clan Rotela”, que difundió un video en el que el “desaparecido” afirmaba estar vivo en algún lugar.
Entretanto, los ofendidos ante los dichos del ministro quemaron el penal, aparte de tomar como rehenes a su director, Luis Guillermo Esquivel, así como a 22 guardiacárceles y a decenas de mujeres que visitaban a los reos. Varios de ellos pidieron al director cautivo que interceda para que puedan dialogar con el ministro de Justicia, con el viceministro Rodrigo Nicora y con el director de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña, y que se autorice a un periodista a ingresar en el establecimiento ocupado. El viceministro de Justicia visitó a los funcionarios retenidos, tras lo...
Al mediodía de ayer, se anunció que se había acordado que el director de la prisión retome su control, que las personas retenidas sean liberadas y que el personal penitenciario regrese a sus lugares de trabajo, pero se informó que un recluso fue muerto de una estocada. De inmediato, el ministro de Justicia, de lamentable actuación, fue confirmado en el cargo por el Presidente de la República, quien le habría ordenado, según dijo el 22 de agosto, “que el Estado recupere el control en los centros penitenciarios en cuanto a presencia y transparencia en la gestión”. El propio Santiago Peña...
Leer la nota completa en Diario ABC
