La huelga en el Ministerio Público que reclama un disfrazado aumento salarial llega al extremo de prohibir el ingreso de abogados y personas en general que no tengan un “documento citatorio”. El Ejecutivo primeramente se negó a la ampliación presupuestaria, pero ahora dicen que podría financiarse.
Prácticamente ya todas las Fiscalías del país no prestan atención a la ciudadanía, como medida de protesta por el rechazo del presidente Mario Abdo al pedido de ampliación presupuestaria de más de G. 18.000 millones para el Ministerio Público.
En el caso del Sector 1, ubicado sobre la avenida Félix Bogado y 21ª Pytda., el agente fiscal asignado delegado Rogelio Ortúzar, emitió una cuestionada circular en la que prohíbe el acceso a toda persona que no cuente con un documento citatorio.
La medida es considerada por abogados como ilegal, por restringirse arbitrariamente el acceso de personas a un local público de servicio imprescindible.
Sin embargo, el fiscal Ortúzar justificó la medida diciendo que es evitar hacer pasar un mal rato a las personas que acuden a este sitio, ya que no serán atendidas por la medida de fuerza emprendida por funcionarios y fiscales.
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