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En conflicto por tierras, Fiscalía se pronuncia a favor de los indígenas - Edicion Impresa - ABC Color

En conflicto por tierras, Fiscalía se pronuncia a favor de los indígenas - Edicion Impresa - ABC Color

Luego de años de constantes denuncias realizadas por la comunidad Aché Kuetuvy, propietaria de la finca 470 del distrito de Yby Pytá (Canindeyú), la Fiscalía General se ha pronunciado a favor de los aborígenes y prometió accionar contra los invasores sintierras. Además de la usurpación de la propiedad privada, se viene alertando sobre la tala indiscriminada por parte de los invasores.

Los indígenas Aché Kuetuvy tienen título definitivo sobre unas 4.768 hectáreas de la colonia que lleva su mismo nombre, ubicada en el distrito Yby Pytá, departamento de Canindeyú. Pero, según los datos del expediente, pese a ser la dueña legítima del inmueble, esta comunidad vive en zozobra por el acecho frecuente de autodenominados sintierras, que invaden la propiedad y deforestan sin ningún tipo de sanción por parte de las autoridades competentes.

ABC se comunicó en la semana última con representantes de la Fiscalía General, para consultar qué trabajos se están realizando ante la denuncia de los Aché, a lo que respondieron que próximamente se hará un desalojo de los invasores en el sitio. De acuerdo con lo explicado por la directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, Dora Penayo, “los campesinos que invaden la propiedad de los indígenas son lugareños y normalmente, cuando se produce una intervención, abandonan el sitio para luego volver a ingresar. Por dicho motivo nunca son encontrados en el inmueble”.

Según datos del expediente, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) llegó a promover la intervención fiscal y ante dicha situación, funcionarios de la Dirección de Delitos Étnicos del Ministerio Público se constituyeron en el área en el marco de la causa, por presunta invasión de inmueble ajeno.

Así también, los miembros de la comunidad Aché realizaron una denuncia ante la Subcomisaría Nº 24 de Brítez Cue, que recayó en la Unidad Fiscal contra el Narcotráfico, a cargo del agente fiscal Christian Roig. El caso estaba caratulado como supuesto tráfico, donde se denunció la invasión de inmueble ajeno, desmonte de aproximadamente 80 hectáreas, así como cultivo agrícola y plantación de marihuana.

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