Las chicanas y la impunidad son las constantes de la mayoría de las causas a magistrados acusados de coimas y otros delitos. La Corte Suprema de Justicia permite dilación e incluso la prescripción de casos.
El juez de Ciudad del Este Hugo Alberto Hermosilla fue el primer magistrado en ser detenido por un pedido de coima. Los archivos señalan que solicitó 40.000 dólares para liberar mercaderías incautadas y fue filmado haciéndolo. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó del cargo.
El último caso se dio el pasado miércoles, cuando la Fiscalía Anticorrupción imputó por cohecho pasivo agravado al juez de Sentencia de Misiones Óscar Ramón Talavera. Este fue registrado por una cámara oculta de Latele y ÚH negociando una coima para otorgar una sentencia de 3 años de cárcel a un procesado por tráfico de marihuana.
La única magistrada que llegó a ir a prisión por un caso de coima es Nunila Recalde, quien fungía de jueza de Garantías de Lambaré cuando fue filmada en febrero del 2011 recibiendo G. 10 millones para liberar a un recluso. Recalde fue condenada a 9 años de cárcel, luego le redujeron la pena a 7 años y estuvo 4 años y 8 meses en prisión. La mujer fue liberada bajo libertad condicional en enero del 2006.
CHICANAS. En la mayoría de estas causas, los procesos se extienden por años sin que se resuelvan. Este es el caso, por ejemplo, del juez Miguel Ángel Cárdenas, procesado por cohecho pasivo desde febrero del 2012. A pesar de que pasaron más de 4 años, aún no se pudo realizar la audiencia preliminar, tras una serie de inhibiciones de jueces y ausencias de la defensa. En esta audiencia se debe definir si el caso pasa a un juicio oral.
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