La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concretó hace seis meses la impunidad de los empresarios españoles Álvaro Lasso y Guillermo Casado, de la firma Proibérica.
Los dos procesados fueron defendidos desde un principio por Juan Ernesto Villamayor, exministro del Interior y jefe de gabinete del presidente Mario Abdo Benítez, y Sergio Nogués Coscia, actual procurador general. La información de la nulidad de la imputación, la acusación y dos autos de elevación a juicio oral (primera y segunda instancia) se manejó con total hermetismo ya que fue concretada en diciembre del año pasado por Miryam Peña (ya jubilada), Eugenio Jiménez Rolón y el camarista Cristóbal Sánchez.
Los tres magistrados hicieron lugar a una aclaratoria de la defensa y quedó firme una resolución de mayo de 2018.
Allí se concretó la nulidad porque supuestamente el Ministerio Público no había citado a los empresarios a declaración indagatoria y por ello se burló el derecho a la defensa. Asimismo, dio como probado que la Fiscalía basó su causa en simples fotocopias y nunca introdujo documentos originales como el pliego de bases y condiciones.
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