Empresarios del rubro de juegos de azar lamentaron la demora de la Fiscalía e el caso de las irregularidades en la regulación del sector. Atribuyen la situación al manejo político y no técnico que impide el desarrollo de la industria del entretenimiento.
Empresarios cuestionan el manejo político de juegos de azar en el país
Anibal Salomón, de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, cuestionó la demora de la Fiscalía en procesar a los responsables de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que son José Antonio Ortiz Báez, Carmen Corina Alonso, Omar Rodrigo Mongelós González, Ricardo Núñez Giménez y Rubén Rousillón Blaires, además de Raúl Mariano Silva Busto, miembro de la comisión cuando se aprobó la cuestionada adjudicación de la quiniela, en 2019. La investigación fiscal está a cargo de María Estefanía González.
“La imputación no se hacía por presiones políticas” opinó. Recordó que ya se había denunciado que la concesión de la quiniela se otorgó a la firma TDP, cuyo dueño es Álvaro Wasmosy, también ahora procesado, a pesar de que era morosa con el fisco. “Es muy importante que se revoquen las concesiones mal otorgadas, como la quiniela, además del raro contrato en material de juego de tragamonedas, que regulariza su uso en cualquier comercio”, dijo.
Las voceras de las asociaciones paraguayas de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) y Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Adriana Gorchs y Lorena Rojas, respectivamente, apuntaron a la falta de imputación de los responsables de la firma “reguladora” de tragamonedas en sitios prohibidos. Se trata de iCrop SA, cuyos accionistas son Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu. Rojas criticó la falta de manejo técnico en la dirección de Conajzar, lo que deriva a una desconfianza al sector que impide el desarrollo de la industria del entretenimiento.
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