La Unión de Gremios del combustible presentará hoy los reclamos del sector así como las propuestas de solución al coordinador de políticas energéticas del Gobierno, Juan Carlos López Moreira, a pedido de este último, tras la última reunión mantenida la semana pasada. Entre los pedidos aparece que el MIC “no atente contra el Estado de derecho y que el Gobierno conceda la garantía jurídica a las inversiones, cumpliendo las leyes existentes”.
La Unión de Gremios está integrada por las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras del Gas Licuado de Petróleo (Capagas) y la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac).
Uno de los reclamos incluye una solicitud de garantía jurídica a las inversiones y que se deje de criminalizar la actividad comercial del sector. Explica al respecto que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) atenta contra el Estado de derecho, por lo que exigen garantías jurídicas a las inversiones. Desde dicha cartera de Estado, agregan, se refieren a las empresas del sector “como cártel, oligopolio y otras expresiones ofensivas”.
Dicen que desde el MIC “se criminaliza la actividad comercial del sector combustible”, en un claro direccionamiento para favorecer a una empresa competidora del sector, como es en este momento la estatal Petropar.
Insisten en que el Estado no puede intervenir en la economía como competidor, porque esto lo convierte en un jugador, debiendo tener el rol de regulador, de un árbitro.
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