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La Justicia parece que ya no le seguirá el juego a Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra y a su clan familiar, porque debe ponerse del lado del pueblo de Ciudad del Este, que reclama desde hace un año que los ZI vayan a prisión, y principalmente el senador cartista.
La dilación excesiva de los jueces en decidir la encarcelación de Javier ya no se justifica ahora, cuando se nota a la legua que su “Patrón” Horacio Cartes ha visto mermar a pasos agigantados su papel de árbitro en la política y entre las bambalinas de los “dictámenes” a los magistrados, quienes ahora, por fin, tienen la oportunidad de desembarazarse de las órdenes procedentes del “quincho”.
El próximo viernes, la jueza de CDE, Teresita Cazal, debe realizar la imposición de medidas para ZI y esposa, imputados por lesión de confianza en una causa que ha seguido un proceso plagado de chicanas, además de un lapso de los últimos nueve meses sin que se pronunciara el tribunal de apelaciones, hasta que finalmente lo hizo el jueves pasado, ante la vergüenza nacional e internacional.
Porque el caso Zacarías Irún ya está quedando como el símbolo del blindaje judicial para quienes regentan la gran lavandería de dinero sucio del Paraguay, seguido del otro caso emblemático, Messer-HC, surgido tras la imputación de la Fiscalía brasileña a ambos, donde precisamente Cartes aparece como quien “promovía” y “financiaba” la organización criminal, en términos del Ministerio Público de Río de Janeiro.
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