Ciertamente, en la actualidad se pueden apreciar diversos métodos de control del flujo de activos ilícitos, por ende, las entidades financieras y otros (diversos) sectores económicos se determinan en la obligación de establecer los “perfiles” de quienes ejecutaran acciones financieras en calidad de usuario/cliente.
Es que, ocupa suma importancia que se generen los perfiles como medio idóneo de prevención y detección de los diversos movimientos financieros (de origen incierto). Pues bien, esta determinación se encuentra ligada a la lucha contra el lavado de activos. Dicha gestión (administrativa) acompaña una recolección precisa de las actividades económicas de los usuarios/clientes que utilizan una entidad financiera para tornar visible un perfil transaccional.
Así, todo análisis que se realiza a los perfiles, circula por el nivel de transacción y/o de operación del usuario/cliente, y se compara con el perfil transaccional registrado. También se acompaña un nivel estadístico bajo un constante reajuste de datos que invierten en la exposición de aquellas características socioeconómicas.
En tal sentido, todas las entidades financieras se encuentran obligadas a detectar el origen de los fondos depositados, y corroborarlo periféricamente con el perfil económico de los usuarios/clientes, a los efectos de crear un parámetro preventivo contra alguna anomalía y/o actividad económica indebida.
Ante ello, el cotejo del perfil financiero y transaccional obliga (según doctrina) a la consideración del compendio de toda información legítima, que haya sido verificada para su justificación en calidad, y por consiguiente, la capacidad técnica de los sujetos obligados (entidades financieras) debe estar sujeta a la posibilidad de administrar las señales de ilicitudes en las diversas transacciones.
Leer la nota completa en Diario ABC
