LIMA. La crisis política desencadenada en Perú por el pulso entre el presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso, controlado por la oposición, remitió ayer miércoles al fracasar la maniobra improvisada por la bancada fujimorista y sus aliados de la derecha. Tras la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas anunciadas el lunes por …
LIMA. La crisis política desencadenada en Perú por el pulso entre el presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso, controlado por la oposición, remitió ayer miércoles al fracasar la maniobra improvisada por la bancada fujimorista y sus aliados de la derecha. Tras la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas anunciadas el lunes por el mandatario, el Parlamento le destituyó virtualmente y votó su sustitución por la vicepresidenta, Mercedes Aráoz. Esta, sin embargo, renunció la noche del martes al considerar que no existen “las condiciones mínimas” para asumir el cargo.
El nombramiento de esta dirigente política suponía un paso peligroso, porque abocaba el país a un grave choque institucional. Aráoz acabó asumiendo que la votación del Congreso no era viable. En una carta dirigida al jefe del Legislativo, Pedro Olaechea, y difundida en las redes sociales presentó su dimisión también como segunda vicepresidenta del Gobierno. Lo hizo, aseguró, con el propósito de propiciar una convocatoria de elecciones generales y apelando al pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deja en manos del Tribunal Constitucional la decisión última...
El control de esa instancia judicial está precisamente en el origen de este enfrentamiento, que lleva meses fraguándose y que no tiene visos de cesar. Los partidos de la oposición pretendían forzar el nombramiento de miembros afines en el alto tribunal. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encuentra en prisión preventiva por un escándalo de lavado de dinero vinculado con una trama de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en Perú. Y la alta corte deberá determinar si acepta los recursos de los políticos investigados. (Con información de El País)
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