BUENOS AIRES. El 9 de diciembre de 1985, Argentina dio un paso decisivo en la consolidación de su incipiente democracia con la sentencia a los miembros de las Juntas Militares, quienes gobernaron con mano de hierro entre 1976 y 1983, dando paso a un consenso social que sigue muy vivo en el país después de treinta y cinco años: “nunca más violencia política y por siempre democracia”.
Al menos así lo recuerda hoy Ricardo Gil Lavedra, miembro del tribunal que dictó una sentencia que, en su opinión, actuó a modo de “bisagra” de la transición argentina, puesto que permitió que ese renacer democrático “pudiera establecerse sobre la base del imperio del Estado de Derecho, sobre la base del imperio de la ley y del principio de no impunidad”.
“La sensación que tengo vista la distancia es... ¿cómo pudimos? Eran tantas las dificultades de toda índole, la complejidad del juicio más grande que ha habido en la historia argentina, la falta de recursos materiales... Fue un trabajo monumental”, manifiesta a Efe por videoconferencia.
Tras meses de audiencias orales, la sentencia concluyó que en los años del autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ hubo un plan sistemático de exterminio organizado desde las más altas instancias del Estado argentino, en este caso la cúpula militar, que acabó con la vida de unas 30.000 personas, según estimaciones de diversas organizaciones de derechos humanos.
El 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de llegar a la Casa Rosada, el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) firmó el decreto 158/83, que ordenó el juicio sumario de nueve militares que integraron las Juntas entre el golpe de Estado de 1976 y el estallido de la guerra de las Malvinas en 1982.
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