Emiliano Castro Sáenz Ciudad de Guatemala, 31 jul (EFE).- El Gobierno de Guatemala del presidente Alejandro Giammattei vive horas bajas tras una semana de manifestaciones y protestas en su contra por la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, un hecho repudiado por la mayoría de la población y de la comunidad internacional.
La intención detrás de la remoción de un actor más del escenario de la justicia aún es una interrogante que, para la activista contra la impunidad y defensora de derechos humanos Helen Mack, podría deberse a una necesidad de "auto aislamiento" de Giammattei, su Gobierno y sus aliados "para tener menos presiones en el tema de justicia.
El viernes pasado, Sandoval, horas después de su salida de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, aseguró que esta beneficiaba a sus "amigos", como el propio gobernante, con retrasos injustificados de investigaciones, en abierta oposición al avance de la justicia y lucha judicial contra la impunidad y la corrupción.
Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack —en honor a su hermana asesinada por el Estado en septiembre de 1990— se cuestiona en entrevista con Efe si la decisión de sacar a Sandoval fue una "presión de Giammattei al verse amenazado" o si en realidad "están queriendo molestar a Estados Unidos para quedar más aislados y tener menos presiones en el sistema de justicia".
La decisión de botar a Sandoval, un fiscal de más de 16 años de carrera en el Ministerio Público, se enmarca en "un plan", advierte Mack, "que comenzó para garantizar impunidad al expresidente Jimmy Morales (2016-2020)", evidenciado con la decisión de esa Administración de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desarticulada en 2019.
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