Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, aclaró que el Estado paraguayo, en su posición de garante, tiene la obligación de controlar que sus agentes penitenciarios apliquen lesiones corporales a presidiarios, además de evitar que ocurran hechos episodios violentos dentro de las cárceles, incluso entre bandas.
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