En un escándalo que expone el desorden y la corrupción del Ministerio Público de Ciudad del Este, el fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal Nº. 9, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por permitir que un vehículo incautado en el marco de un asesinato, es decir, una evidencia, fuera […]
En un escándalo que expone el desorden y la corrupción del Ministerio Público de Ciudad del Este, el fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal Nº. 9, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por permitir que un vehículo incautado en el marco de un asesinato, es decir, una evidencia, fuera utilizado por su asistente fiscal Héctor Ramón Villalba.
Se trata del automóvil Hyundai i30, con matrícula brasileña MHJ-3198, incautado tras el asesinato del brasileño Liomar Antonio de Oliveira, y que debía permanecer bajo estricta custodia. Sin embargo, fue encontrado abandonado en la vía pública del barrio San Miguel de Ciudad del Este.
Según el informe policial, el vehículo fue hallado con billetes de 100.000 guaraníes esparcidos en su interior, tres teléfonos celulares y diversos documentos. Testigos afirmaron que el conductor -posteriormente identificado como el asistente fiscal- se encontraba visiblemente alcoholizado cuando abandonó el automóvil en la madrugada del 28 de noviembre de 2024.
Al día siguiente, el asistente fiscal se presentó en la comisaría para reclamar la devolución del automóvil, alegando que el vehículo lo estaba utilizando con autorización expresa de su jefe, el cuestionado fiscal Alcides Giménez.
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