Sigue pendiente de aprobación en el Congreso el proyecto de ley que introduce varias modificaciones a la ley 5.628 que crea el fondo de garantías para micro, pequeñas y medianas empresas. El escollo principal que se quiere remover es el tope establecido en el artículo 12 que dice: “La cobertura d
Sigue pendiente de aprobación en el Congreso el proyecto de ley que introduce varias modificaciones a la ley 5.628 que crea el fondo de garantías para micro, pequeñas y medianas empresas.
El escollo principal que se quiere remover es el tope establecido en el artículo 12 que dice: “La cobertura de garantía y/o de re afianzamiento será definida por el Administrador del Fondo, la que no podrá superar del ochenta por ciento (80%) del saldo deudor de cada financiamiento y/o de cada garantía, respectivamente”.
Como estos fondos son canalizados a través de la banca privada, los operadores le están dando largas a la salida de los préstamos, a la espera de que la legislatura eleve ese tope al 90%. El resultado es una ralentización en el otorgamiento de dichos préstamos con resultados imposibles de calcular en términos de cierre de pymes, desempleo y quiebra de la cadena de pagos.
El desbalance que existe entre la entrega de dinero para gastos corrientes y el destinado al apalancamiento de las mipymes es brutal. Los pagos en salarios y ayuda social se llevan más del 76% de los recursos mientras los destinados a mipymes apenas conforman el 6% de lo ejecutado. Esto quiere decir que se ha privilegiado al funcionario público por encima de las mipymes, responsables de casi el 70% del empleo genuino.
Leer la nota completa en Diario 5 Días
