Hay cifras que por sí solas describen una anomalía institucional. Paraguay cuenta con 191 carreras de Derecho habilitadas por el CONES, de las cuales solo 33 tienen acreditación vigente de la ANEAES. Apenas el 17,3% de la oferta pasó por el filtro público de evaluación de la calidad. El 82,7% restante funciona sin acreditación, en […]
Hay cifras que por sí solas describen una anomalía institucional. Paraguay cuenta con 191 carreras de Derecho habilitadas por el CONES, de las cuales solo 33 tienen acreditación vigente de la ANEAES. Apenas el 17,3% de la oferta pasó por el filtro público de evaluación de la calidad. El 82,7% restante funciona sin acreditación, en una zona de informalidad evaluativa incompatible con la seriedad que exige la formación jurídica.
El dato resulta especialmente grave porque hablamos de Derecho, la carrera que forma a quienes deberán litigar, asesorar, interpretar normas, integrar instituciones públicas y privadas, defender derechos y operar dentro del sistema de justicia. Que la formación de abogados se haya expandido de este modo, sin una evaluación efectiva y generalizada, compromete la confianza pública en el sistema universitario y en la calidad de los títulos que produce.
La Ley N.º 2072/2003 establece en su artículo 2 la obligatoriedad de la evaluación externa y acreditación para carreras como Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica, además de aquellas vinculadas a profesiones cuyo ejercicio pueda afectar la integridad de las personas o su patrimonio. La norma es clara. Las carreras de Derecho deben someterse al proceso de evaluación de la ANEAES. La omisión prolongada de ese mandato ya no puede ser tratada como un simple atraso administrativo.
Durante años se permitió una separación peligrosa entre habilitación y acreditación. La habilitación autoriza el funcionamiento de una carrera; la acreditación verifica públicamente sus condiciones académicas, institucionales, curriculares, docentes y materiales. Cuando la mayoría de las carreras habilitadas nunca atraviesa ese examen, el Estado conserva registros formales de existencia, aunque carece de evidencia suficiente sobre la calidad real de la formación ofrecida.
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