Cuando le pregunté al presidente nicaragüense Daniel Ortega en una entrevista reciente, cómo siente cuando lo llaman un dictador, se encogió de hombros y respondió –inmutable– que “he aprendido a no molestarme cuando escucho mentiras”. Sin embargo, sus más recientes acciones contra la libertad de prensa en Nicaragua muestran que quienes lo llaman dictador podrían no estar diciendo mentiras.
El 14 de diciembre, la policía de Ortega allanó las oficinas del periodista independiente más conocido de Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, editor del semanario Confidencial y presentador del programa de televisión Esta Semana. La policía irrumpió en el edificio sin una orden judicial, y se llevó consigo computadoras y documentos privados, dijo Chamorro.
“Todavía están ocupando el edificio”, me dijo Chamorro cuatro días después de la redada. “Fue una acción ilegal que violó la libertad de la prensa, la propiedad privada y la libre empresa”.
Además de las oficinas de Chamorro, fueron ocupadas por la policía las instalaciones de más de media docena de organizaciones no gubernamentales, como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. La mayoría de ellas son de grupos que han alzado su voz contra el régimen de Ortega tras la brutal represión de las protestas antigubernamentales que dejó más de 325 muertos desde abril.
Las protestas exigían la renuncia de Ortega, quien ha estado en el poder desde el 2007 y ha acaparado poderes casi absolutos. Sus recientes elecciones han sido al estilo venezolano: utilizando todo tipo de triquiñuelas legales y recursos estatales para ganar.
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