La Cámara de Apelaciones decidió revocar la resolución que envió a juicio oral al senador colorado del sector cartista Hernán Rivas, alegando que el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso (falsificación) había prescripto y que, por ende, no podía configurarse el delito de uso de documentos públicos de contenido falso. El caso Hernán Rivas se iniciaba hace seis años cuando el abogado Federico Campos López Moreira, de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal (AAAJP), lamentaba la incorporación del entonces diputado Hernán David Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Mientras miles de ciudadanos aguardan por décadas la resolución de sus casos, o como las víctimas del caso de la mafia de pagarés ven al sistema actuar con lentitud y con indiferencia, graves casos de presunta corrupción se están extinguiendo y terminan en la impunidad. Exactamente como lo advirtieron quienes iniciaron la denuncia hace ya seis años, este caso no se limita exclusivamente a una cuestión jurídica: el caso Hernán Rivas interpela la ética y la moral de dos poderes del Estado.
En un Estado de derecho, todos los ciudadanos se sitúan frente a la ley en igualdad de condiciones. En el Paraguay, sin embargo, este principio se vuelve cada vez más relativo. La Cámara de Apelaciones decidió revocar la resolución que envió a juicio oral al senador colorado del sector cartista Hernán Rivas,
alegando que el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso (falsificación) había prescripto y que, por ende, no podía configurarse el delito de uso de documentos públicos de contenido falso. El senador fue sobreseído definitivamente.
El caso Hernán Rivas se iniciaba hace seis años cuando el abogado Federico Campos López Moreira, de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal (AAAJP), lamentaba la incorporación del entonces diputado Hernán David Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
No obstante, además de las críticas y cuestionamientos, se presentó una denuncia formal contra el legislador ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, en la cual se solicitaba una investigación sobre la validez del título de abogado que ostenta Rivas.
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