A casi dos décadas de la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos, Paraguay sigue sin consolidar una política hídrica efectiva. La falta de reglamentación, el peso de los grandes usuarios del agua y la ausencia de un sistema que ordene su uso mantienen en suspenso un modelo que podría proteger el recurso, garantizar su distribución y evitar impactos ambientales.
Paraguay es considerado uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en el mundo. Sus grandes ríos, sus acuíferos subterráneos y, especialmente, su participación en el sistema del Acuífero Guaraní lo ubican en una posición privilegiada dentro del mapa hídrico regional. Sin embargo, esa abundancia contrasta con una debilidad estructural en la gobernanza del agua.
La legislación existe, pero su aplicación sigue incompleta. La Ley 3239 de Recursos Hídricos fue promulgada en 2007 con el objetivo de establecer un sistema de gestión integral del agua, definir prioridades de uso y crear mecanismos para regular su aprovechamiento. No obstante, gran parte de sus disposiciones centrales nunca llegaron a implementarse plenamente.
En entrevista con El Nacional, el abogado ambientalista Ezequiel Santagada explicó que el país cuenta con una base normativa relevante, pero que el modelo de gestión que prevé la ley todavía no se ha puesto en marcha.
Desde el punto de vista jurídico, la autoridad competente en materia de recursos hídricos es actualmente el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Según explicó Santagada, cuando se promulgó la Ley 3239 en 2007 se estableció que la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) actuaría como autoridad de aplicación de manera transitoria.
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